Libertad de expresión. Caso concreto | iluminadoprieto
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Libertad de expresión. Caso concreto

La noticia saltaba el sábado 23 de mayo: La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial habría planteado al Consejo General de la Abogacía Española y al Colegio de Abogados de Barcelona la posible vulneración por un conocido despacho de abogados del artículo 10 del Código Deontológico de la Abogacía Española. Motivo: El anuncio por parte del despacho profesional, de seguir interponiendo querellas por prevaricación (artículos 446 y 447 del Código Penal – dictar resolución o sentencia injusta, a sabiendas, o por imprudencia grave o ignorancia inexcusable) frente a jueces y Tribunales que, en un tipo concreto de asuntos resuelvan dictando sentencia sin tener en consideración el contenido de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea – Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de marzo de 2020, Marc Gómez del Moral Guasch contra Bankia, S. A..  Anuncio de seguir interponiendo querellas, pues según parece ya ha interpuesto una frente a unos Magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona, quienes, quienes al dictar una sentencia en un asunto interpuesto por ese despacho – Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15, nº 634/2020, de 24 de abril de 2020- , habrían obviado a su entender la obligación derivada del artículo 4 bis. 1 de La Ley Orgánica del Poder Judicial -“Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.” –  y dejando a un lado el contenido de la citada sentencia europea, han fallado en contra de su cliente. Es de suponer que la citada sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona es recurrible en nombre del cliente, bien ante el Tribunal Supremo, bien ante el Tribunal Constitucional y, en su momento, el cliente interesado podrá acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

 

La querella la habría interpuesto el despacho, no el despacho en nombre de su cliente, a través de la figura de la acción popular – artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “La acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la ley”. El anuncio de nuevas querellas se ha hecho en medios de comunicación social.

 

El pasado día 23 de mayo, una Propuesta a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, concluyó en el acuerdo de “Aprobar la presente comunicación y su posterior remisión al Consejo General de la Abogacía Española y al Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, a los efectos oportunos.”, pues el anuncio de querellas, en esa Propuesta  se “considera una declaración de intenciones que pudiera resultar contrarias a la deontología profesional exigible en el comportamiento de los abogados, ,introduciendo en la relación entre abogado y juez una interferencia objetivamente perturbadora de la independencia judicial.

La Propuesta se fundamenta en los siguientes tres párrafos que aparecen seguidos en su literal:

 

“Esta Comisión Permanente, partiendo del respeto del derecho a la tutela

judicial efectiva, ha de expresar su preocupación sobre la voluntad

manifestada por este despacho de iniciar acciones penales contra aquellos

integrantes de la carrera judicial que no ajusten sus resoluciones a las

pretensiones deducidas en cada caso por aquél, manifestación que pretende

perturbar de manera flagrante la independencia de aquellos en quien

descansa la potestad de juzgar y que se erige en la piedra angular de la

garantía de imparcialidad de la que debe de estar revestida la función

jurisdiccional.

 

Presionar a los jueces para que resuelvan en un determinado sentido litigios

futuros, haciendo publicas tales intenciones, no puede tener otra finalidad

que menoscabar la necesaria imparcialidad del juez, aun cuando éste no se

halle psicológicamente inquietado o perturbado, resultando por ello

necesario despejar la posible duda que a partir de tales manifestaciones

pudieran albergar las partes ante esta forma de presión, preservando, en

definitiva, la confianza en el Poder Judicial.

 

Cabe recordar a este respecto que tanto la sentencia de la AP Barcelona,

como otras tantas dictadas en contemplación de la doctrina establecida por

la STJUE de 3 de marzo, son el resultado del estricto ejercicio de la función

jurisdiccional, dentro del margen de apreciación que la jurisprudencia del

Tribunal de Justicia reserva al juez nacional en la aplicación de la Directiva

93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, siempre con respeto de la

interpretación del TJUE sobre esta norma y las que integran el acervo del

Derecho de la Unión.”

 

La libertad de expresión está reconocida y protegida en el artículo 20.1.a) y d) de la Constitución Española, “A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”; “A comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión […]”. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre nos dice que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” El artículo 19.1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge que “1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. .2 Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”. El artículo 11.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea admite que “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.”, y el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos con relación a la libertad de expresión mantiene que” 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.”

Admitiendo el derecho a la libertad de expresión del representante del despacho afectado, dado el anuncio de nuevas querellas, ¿este anuncio es susceptible de sanción disciplinaria por los órganos de la Abogacía atendiendo a una posible infracción del artículo 10 del Código Deontológico de la Abogacía Española? ¿Es susceptible de sanción prevista por la ley y que constituya una medida necesaria en nuestra sociedad democrática para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial?

Así:

 

1.- El Código Deontológico de la Abogacía Española no es una norma jurídica, no está publicada en el Boletín Oficial del Estado, y su incumplimiento sólo puede acarrear sanción disciplinaria al abogado que lo incumpla.

 

  1. Si el artículo 10.2 del Código Deontológico de la Abogacía Española fija cuáles son las obligaciones de los abogados para con los órganos jurisdiccionales “ a. Actuar con buena fe, lealtad y respeto. b. Cumplir con los fines de la Administración de Justicia. c. Guardar respeto a todos cuantos intervienen en la Administración de Justicia exigiendo a la vez el mismo y recíproco comportamiento. d. Exhortar a los clientes a la observancia de conducta respetuosa respecto de las personas que actúan en los órganos jurisdiccionales. e. Contribuir a la diligente tramitación de los asuntos que se le encomienden y de los procedimientos en los que se intervenga. f. Mantener la libertad e independencia en el ejercicio del derecho de defensa, con absoluta corrección, poniendo en conocimiento del Tribunal correspondiente y del Colegio cualquier injerencia. g. Evitar en las actuaciones toda alusión personal, al Tribunal y a cualquier persona que intervenga, oral, escrita o mediante gestos, sea de aprobación o de reproche. h. No divulgar o someter a los tribunales una propuesta de arreglo amistoso hecha por la defensa de la parte contraria sin su autorización expresa. i. Cumplir los horarios en las actuaciones judiciales y poner en conocimiento del Colegio cualquier retraso injustificado de los Juzgados y Tribunales superior a media hora. j. Comunicar con la debida antelación al Juzgado o Tribunal y a los compañeros que intervengan, cualquier circunstancia que le impida acudir puntualmente a una diligencia. La Código Deontológico de la Abogacía Española 26 misma obligación pesará si es el cliente el que no puede acudir. k. Identificarse, en todo caso, como Abogado o Abogada. A estos efectos, se procurará portar siempre la credencial expedida por el respectivo Colegio. l. Conceder a los demás profesionales de la Abogacía que intervienen en el asunto un plazo prudencial de espera para la celebración de actuaciones si, en su caso, el Tribunal lo autoriza para evitar la indefensión del adversario. m. Utilizar la toga con su correspondiente distintivo colegial, en su caso, dentro de las dependencias colegiales y judiciales debiendo obtenerse autorización de la Junta de Gobierno para otros usos, estando prohibida la inserción de cualquier tipo de mensaje, emblema o imagen que no haya sido previamente autorizado por la Junta de Gobierno.” ¿En qué letra basa la Comisión Permanente la posible infracción por el anuncio de nuevas querellas?

 

  1. En derecho penal y por extensión en derecho disciplinario, el órgano encargado de resolver no ha de ir más allá de la acusación habida. La Comisión Permanente incurre en un error voluntario, el no decir que obligación concreta de las recogidas en ese artículo 10.2 del Código Deontológico incumple el despacho al anunciar querellas. No se fija el objeto de su escrito denuncia.

 

  1. Quien denuncia es el órgano de gobierno de los jueces, quien conoce la totalidad de los artículos citados en este escrito, quien conoce el alcance, contenido y límites del derecho de la libertad de expresión en una sociedad democrática, así como las posibles sanciones legales cuando los límites de tal derecho se sobrepasan y, conoce también que no corresponde a los órganos jurisdiccionales y por tanto a los que resuelven cuestiones disciplinarias suplir las carencias de las partes en los litigios, según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional ( por todas , STC 18/96 de 12 de febrero, FJ 3).

 

Conclusiones

 

Primera:  Si quien denuncia no fija el fundamento legal de su denuncia, si tampoco fija el objeto de su denuncia, esta no debe prosperar. Mejor dicho, esta, no debe ser siquiera admitida.

 

Segunda: La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial es, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos  una autoridad pública, un poder del Estado, y el Acuerdo adoptado el día 23 de mayo de 2020 al que hemos hecho referencia, se entiende como una injerencia en el derecho a la libertad de expresión de los artículos 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del artículo 20.1.a) de la Constitución Española del representante del despacho afectado, en cuanto que, el anuncio por este de querellas no ataca ni a la autoridad ni a la imparcialidad de los jueces integrantes del poder judicial, no siendo admisible tal injerencia, por no estar prevista en la ley, por pretender la apertura de una cuestión disciplinaria colegial sin base en la norma deontológica ni en base legal alguna , y  no ser una medida necesaria en una sociedad democrática.

 

 

Como es habitual en Derecho, la breve y rápida argumentación que sustenta la opinión del autor se somete a cualquier otra mejor fundada.

 

iprieto@ceresnet.com