Estado de alarma y el derecho a la vida y a la intimidad personal | iluminadoprieto
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Estado de alarma y el derecho a la vida y a la intimidad personal

La Constitución trata el estado de alarma en el artículo 116.1 y 2 de la Constitución, y se regula mediante la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, que en su artículo 1.4 recoge que “La declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado”, y en el apartado 1 de su artículo 3 que “Los actos y disposiciones de la administración pública adoptados durante la vigencia de los estados de alarma , excepción y sitio serán impugnables en vía jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en las Leyes”, y en su apartado 2 que “Quienes como consecuencia de  la aplicación de los actos y disposiciones adoptados durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes , daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes”.

 

El estado de alarma declarado por el Gobierno de la Nación mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y prorrogado con la autorización del Congreso de los Diputados, no otorga ni al Gobierno de la Nación, ni a los Gobiernos Autonómicos, ni a las Diputaciones, ni tampoco a los Ayuntamientos patente de corso alguna que les permita la arbitrariedad en la gestión de la crisis que estamos viviendo. Y que el autor sepa, el Gobierno de España no ha comunicado al Consejo de Europa que el Convenio Europeo de Derechos Humanos ha sido suspendido. En consecuencia, el ordenamiento jurídico español, del que forma parte el citado Convenio, sigue vigente en España, si bien con la limitación de la libertad de circulación y reunión recogidas en el Real Decreto citado y las ordenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que por delegación de “la autoridad competente” (Presidente del Gobierno) la Ministra de Defensa, el Ministro del Interior, el Ministro de Transportes , Movilidad y Agenda Urbana, y el Ministro de Sanidad puedan dictar “en orden a la protección de las personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio”. (artículo 4.3 del citado Real Decreto 463/2020).

 

Esas medidas son las siguientes:

  1. Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
  2. Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.
  3. Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.
  4. Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.
  5. Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción afectados por el apartado d ) del artículo cuarto.

 

Las noticias de contagiados que se acompañan a la de las muertes y a los problemas que de esta se derivan, llevan a un interrogante, ¿Los actos y disposiciones que conocemos de los poderes públicos españoles, desde los actos y disposiciones del Gobierno de la Nación hasta el bando del alcalde del pueblo más recóndito de España, se adecuan o no a la Constitución y a las leyes, entre ellas el Convenio Europeo de Derechos Humanos? Es obvio que corresponde al Tribunal Constitucional determinar si algunos de esos actos y disposiciones son inconstitucionales o vulneran derechos fundamentales de los españoles, como también es obvio que corresponde al Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidir sobre si se vulneran o no los derechos y libertades protegidos por el Convenio. Pero uno y otro Tribunal, Constitucional y Europeo, sólo podrán decidir si alguien les interpela, en el ámbito político mediante la cuestión de inconstitucionalidad, y en el ámbito de la sociedad tras los pertinentes procesos judiciales, mediante la pertinente demanda de amparo constitucional y tras ella la demanda ante el Tribunal Europeo.

 

Los artículos 15 de la Constitución y 2.1 del Convenio protegen la vida; los artículos 18.1 de la Constitución y el artículo 8 del Convenio protegen la vida privada y familiar. De todos ellos se derivan “obligaciones positivas” para los poderes públicos españoles; obligaciones que en esta crisis y a lo que ahora nos interesa se centra en la protección de la vida de las personas, de su dignidad durante la enfermedad, y en el fallecimiento y entierro la protección de los derechos de sus familiares. El autor, ciudadano que escucha la radio -diversas emisoras- , ve la televisión- distintas cadenas- y lee periódicos -de distintas tendencias-, entiende que en esta crisis los poderes públicos, a excepción de los alcaldes de algunos pueblos, y algún que otro Presidente de Comunidad Autónoma, no están cumpliendo las “obligaciones positivas” que nuestro ordenamiento jurídico les impone, tanto en lo que respecta a la protección de la vida, no se ajusta al cumplimiento de esa obligación la carencia de medios materiales para evitar el desarrollo de los contagios, ni la carencia de medios para tratar a los contagiados, y no cabe que los poderes públicos en general no puedan adquirir con la presteza necesaria en el mercado lo que adquieren y donan particulares antes que ellos; no se cumple con la obligación de proteger la dignidad de la persona y la vida familiar cuando una persona entra en un hospital y su familia, durante días deja de tener noticias suyas, máxime cuando la noticia, días después es la de su fallecimiento y vaya usted a saber si el cadáver del féretro es o no el de su familiar; y no se cumple la obligación positiva de proteger la intimidad de la vida familiar cuando se impide  a los familiares despedir a sus muertos. No cabe, a criterio del autor, aducir que se siguen las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de los expertos: esas autoridades y esos expertos son, prácticamente en su totalidad funcionarios públicos, dependientes del poder político, y todos ellos, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, también por lo dispuesto en los artículos 29, 30.1 y 31 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Conclusión: El estado de alarma que si bien admite la discrecionalidad, no permite la arbitrariedad en los actos y disposiciones de los poderes públicos, sometidos al imperio de la ley y al control judicial y, quienes como consecuencia de la aplicación de esos actos y disposiciones han sufrido, sufren, y sufrirán, de forma directa, en su persona , derechos o bienes daños y perjuicios por actos imputables a los poderes públicos, tendrán derecho a ser indemnizados – por los sufrimientos durante una enfermedad cuyo contagio  pudo ser evitado, por la pérdida injustificada de sus familiares en hospitales, residencias y domicilios, por la imposibilidad de mantener la dignidad en estos momentos, por el incumplimiento de los poderes públicos de las obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico.

 

iprieto@ceresnet.com