El sometimiento al imperio de la ley; racionalidad frente a razonabilidad. Caso real | iluminadoprieto
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El sometimiento al imperio de la ley; racionalidad frente a razonabilidad. Caso real

De vez en cuando, algún cliente, plantea a su abogado el desarrollo de una actividad procesal tendente a eludir el cumplimiento de sus obligaciones económicas. De vez en cuando, esto se produce y, la falta al respeto a las reglas de la buena fe procesal, el abuso procesal, interfieren en el desarrollo normal de los procesos, introducen complicaciones inútiles, alargan los trámites, intentando respecto del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 de la Constitución, la pérdida de esa efectividad. De vez en cuando, esa circunstancia la provocan jueces y magistrados, en aras, dicen, a su obligado sometimiento al imperio de la ley, según el artículo 117.1 de la Constitución, si bien, dejando de lado la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la motivación razonable de las resoluciones judiciales y su fundamentación en derecho.

La cuestión de la racionalidad y de la razonabilidad queda clara en la siguiente anécdota, leída en un libro que trataba sobre la tutela judicial efectiva y del cual no guardo sus referencias: Un campesino ( c) polaco camina hacia la estación de ferrocarril llevando consigo a un oso; al llegar al andén ve un letrero que prohíbe la entrada de perros, el campesino se dirige a su vagón; el revisor ( r) le impide el paso y ambos, ante el asombro de los presentes discuten: ( r) Usted no puede pasar al andén ni entrar al tren con un oso; (c ) No está prohibido, está prohibido el acceso con perros, no con osos; señor revisor sea usted racional y aplique el silogismo más sencillo: prohibido el acceso a perros, el oso no es un perro, luego el oso no tiene prohibido el paso, y mi oso y yo entramos en el tren; ( r) Es cierto que la prohibición se ha establecido para el acceso con perros, no con osos, esto es lo racional según la norma; pero no le permito el paso con su oso porque no es razonable.

La cuestión no es baladí: Aporto, adaptada para su lectura en un periódico, una solicitud de concurso de acreedores necesario, interpuesta frente a unos deudores virtuosos del fraude legal, perfectos conocedores de los entresijos y los límites de la ley. Es un caso real y actual del autor, redactado en los primeros días de septiembre de 2020; un ejemplo de divulgación jurídica, objeto de este blog. Espero que disfruten con la lectura, y obtengan conclusiones.

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Solicitud de concurso de acreedores necesario, de deudor persona física, no empresario ni profesional

XXXXXXX, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don XXXXXX, comparece bajo la dirección letrada de don Iluminado Prieto Curto (Colegio de Abogados de Salamanca, nº 1547) y como mejor proceda en Derecho dice:

Atendiendo al “Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, BOE núm. 127, de 7 de mayo de 2020” , ( en adelante, TRLC), procede la declaración de concurso respecto de cualquier persona física que se encuentre en estado de insolvencia, arts. 1.1 y 2.2 , no pudiendo cumplir los deudores sus obligaciones exigibles, se encuentran en estado de insolvencia actual, art. 2.3 TRLC, motivo por el cual, se solicita, art. 39 TRLC, concurso de acreedores necesario del matrimonio formado por doña xxxxxxxxx (DNI xxxxxxxxx) y don xxxxx (DNI xxxxxxxxx), con domicilio común en C/ xxxxxxxx, xxx, ,ciudad y provincia
HECHOS

1. Los deudores frente a quienes se insta la solicitud de concurso de acreedores no ejercen actividad empresarial o profesional por cuenta propia. Son trabajadores por cuenta ajena, circunstancia que se justificará mediante los medios de prueba de los que el acreedor se vale o tratará de valerse, art. 13.3 TRLC, para acreditar el hecho o los hechos externos reveladores del estado de insolvencia que más adelante se alega.

2. Deudas solidarias impagadas por el matrimonio dieron lugar a los autos de juicio ordinario xxx/xxxx del Juzgado de Primera Instancia nº x de ciudad xxxxxxx que concluyeron en sentencia nº xx/xx de fecha día x, del mes xxxx, de 20XX, con fallo de condena al pago del principal reclamado – la cantidad adeudada y los intereses legales devengados desde la primera reclamación extrajudicial realizada por el acreedor el día x, del mes xxxx, de 20XX hasta la fecha de la demanda-; al pago de los intereses legales de carácter procesal correspondiente a la suma del principal reclamado a calcular desde la fecha de interposición de la demanda y hasta la fecha del total pago de la deuda, con imposición de costas procesales.

3. La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, BOE núm. 7, de 8 de enero de 2000” (en adelante LEC), en el art. 455.1 LEC permite la apelación de la sentencia, y el art. 458.1 LEC fija el plazo de interposición del recurso de apelación en los 20 días contados desde el siguientes al de su notificación.

4. El art. 207.4 LEC, condiciona, la adquisición de firmeza y el paso a autoridad de cosa juzgada de una resolución, al transcurso de los plazos previstos para recurrirla sin haberla impugnado.

5. El art. 548 LEC fija el plazo de espera para el despacho de la ejecución de resoluciones judiciales en 20 días tras su firmeza. Y una vez que la condena en costas es firme, si la parte condenada no satisface las costas procesales a las que ha sido condenada, el art. 242 permite su exacción por la vía de apremio, previa su tasación.

6. La sentencia se notificó a las partes el día x, del mes xxx, de 20XX. No se interpuso recurso de apelación frente a la sentencia, quedó firme el día x, del mes xxxx, del año 20XX. En consecuencia la ejecución pudo plantearse a partir del día x, del mes xxx, del año xxxx ( 20 días tras su notificación, firme; ,20 días tras adquirir firmeza, ejecutable); y la tasación de costas solicitarse a partir del día x, el mes xxx, del año xxxx ( 20 días tras su notificación sin recurso, firme).

7. El incumplimiento de los pronunciamientos del fallo de la sentencia en el plazo legalmente previsto, conllevó: (i) arts. 242 y ss LEC, la solicitud de tasación de las costas procesales devengadas e impuestas en la instancia, por importe de xxxxx euros, suma de los derechos de procurador y honorarios de abogado.; (ii) arts. 571 y ss LEC, la interposición de demanda de ejecución (dineraria) de la sentencia, fijándose la cantidad de la ejecución atendiendo a lo dispuesto en el art. 575.1 LEC en el principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, calculados conforme el fallo de la sentencia, incrementada en un 30% para hacer frente a los intereses que puedan devengarse durante la ejecución y a las costas de esta.

8. La demanda de ejecutiva se presentó conforme el contenido que dispone el art. 549 LEC, acompañada de los documentos exigidos en el art. 550 LEC; y no pudiéndose designar bienes de los ejecutados suficientes para el fin de la ejecución, se solicitó al Letrado de la Administración de Justicia: (i) artículo 589.1 LEC, requiriera a los ejecutados, con apercibimiento de las sanciones que pueden imponérseles, para que manifiesten sus bienes, (ii) art. 590 LEC, procediera a la investigación judicial del patrimonio de los ejecutados.

9. La demanda ejecutiva dio lugar a los autos ETJ Ejecución Títulos Judiciales xxx/20XX; conforme a lo dispuesto en el art. 551 LEC, se dictó (i) auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando la misma; (ii) decreto conteniendo las concretas medidas fijadas para la ejecución, así como el oficio (art. 149, 6º LEC) relativo a la investigación judicial del patrimonio de los ejecutados.

10. El orden de los embargos se fija en el art. 592 LEC. Como bienes susceptibles de embargo resultaron la vivienda habitual del matrimonio (7º en orden de embargo) y el salario del esposo (8º en orden de embargo).

11. El órgano judicial decidió, art. 584 LEC, (i) no proceder al embargo de la vivienda del matrimonio al exceder su valor, en mucho, la cantidad por la que se ha despachado la ejecución, y (ii) limitar el embargo, al de los salarios ateniéndose a la escala del art. 607.2 LEC: Si se puede embargar mes a mes un salario, no se debe embargar, subastar y vender una vivienda.

12. De la relación entre la cantidad a pagar y el importe mensual a embargar la ejecución se prolonga a más de quince años.

13. La conclusión de la tasación de costas, fijando el importe de la deuda devengada por derechos de procurador y honorarios de abogados devengados en el proceso, permitió la interposición de demanda ejecutiva conforme lo indicado en el párrafo 8 y dio lugar a los autos ETJ Ejecución Títulos Judiciales xxx/20XX. Se reprodujeron los actos recogidos en los párrafos anteriores con el mismo resultado. En este caso el embargo del salario se prolonga a más de tres años, que, unidos a los más de quince de la ejecución anterior, así como a los intereses devengados en esos años dieciocho años, la ejecución se concluirá en torno a los veinte años.

14. De nuevo el Juez, auto de fecha xxxxxx, y con el mismo argumento, la Audiencia Provincial en la resolución de los recursos interpuestos en ambas ejecuciones , autos de fecha xx/xx/xxxx y dfecha xx/xx/xxxx, se oponen al embargo de la vivienda y con él, a la anotación de embargo de la vivienda en el Registro de la Propiedad, lo que al menos permitiría, al fallecimiento de los deudores anterior al pago de la totalidad de la deuda, a un derecho preferente obre la masa hereditaria, pues llegada la jubilación y disminuidos los ingresos, el paso de salario a pensión, dejará sin opción de cobro mensual por embargo, atendiendo a la actual escala de embargo de salarios, art. 607.2 LEC.

15. El Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante CEDH) tiene un Protocolo Adicional, Protocolo 1, cuyo artículo 1 protege la propiedad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos al interpretar este artículo ha elaborado una doctrina que con relación al crédito reconocido por una decisión judicial dice que tal crédito es un bien si está reconocido como para ser considerado exigible (Raffineries grecques Stran et Sstratis Andreadis c. Grèce,( nº 13427/87) de 9 de diciembre de 1994, p. 59; Bourdov c. Russie (nº 33509/04) , de 14 de enero de 2009, p 40; Kotov c. Russie[GC] (nº 54522/00) de 3 de abril de 2012, p 90); máxime cuando se reconoce el crédito con origen en deudas exigidas y la esperanza legítima de cobro está fundada no sólo en una disposición legislativa – la posibilidad de la reclamación de deudas, y de la la ejecución de la sentencia que la admite- sino en un acto jurídico – las ejecuciones instadas de la sentencia y del auto que concluye la tasación de costas- concerniente al interés patrimonial en cuestión (Saghinadze et autres c. Georgie,(nº 18768/05) de 27 de mayo de 2010, p 103)

16. El art. 13 CEDH reconoce el derecho a un recurso efectivo “Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales”.

17. Si órganos judiciales en el ejercicio de sus funciones oficiales y por la vía de los hechos, han lesionado el derecho de propiedad reconocido en los autos judiciales que despachan las ejecuciones instadas, de sentencia y de auto de tasación de costas – en cuanto que impiden con fundamento en el art. 584 LEC, el cobro del crédito, mediante el embargo de la vivienda de los deudores en tanto existe la posibilidad de embargo del salario, con independencia del tiempo en que tal embargo se prolongue, y sin tener en cuenta los efectos económicos de la jubilación o muerte del deudor sobre embargo al reducirse la cuantía mensual para el cálculo del embargo, pasando de la del salario a la pensión de jubilación o de viudedad -, cabe entender que el TRLC ofrece un recurso efectivo a plantear ante una instancia nacional para pretender en aras del principio de subsidiariedad, obtener la reparación de la lesión, pues el concurso de acreedores permite, frente a la ejecución, la liquidación de los bienes del concursado para hacer frente al pago de las deudas, arts. 429 y ss TRLC.

18. Art. 13.1 TRLC, el origen del crédito es doble: (i) El título ejecutivo relativo a la sentencia citada, (ii) el título ejecutivo relativo a la tasación de costas impuestas en aquella sentencia.

19. Art. 2.4 TRLC, se acompañan los documentos acreditativos del crédito que se ha indicado con anterioridad en este escrito.

20. Art. 13.1 TRLC, la naturaleza de los créditos es una obligación personal, con origen en deudas reclamadas judicialmente, y documentados en resoluciones judiciales.

21. Art. 13.1 TRLC, las fechas de adquisición son: (i) Respecto del título ejecutivo de la sentencia, la del auto que lo admite y el decreto que la despacha, día xx/xx/xx. (ii) Respecto del título ejecutivo de la tasación de costas, el auto y decreto que la despacha, día xx/xx/xx.

22. Art. 13.1 TRLC, las fechas de vencimiento fueron las fijadas en los Decretos de ejecución; el relativo a la sentencia, atendiendo a la fecha de notificación, el día ….; el relativo a la tasación, atendiendo a la fecha de notificación, el día ……

23.- Art. 13.1 TRLC, los importes de los créditos son; atendiendo a los autos de admisión y a los decretos de despacho: El de la ejecución de la sentencia xxx €; el de la ejecución de la tasación de costas xxx €; suman un montante de xxx €.

24. Art. 13.1 TRLC, la situación actual de esos créditos es en la actualidad: (i) cantidad adeudada derivada de la ejecución de la sentencia xxxxx €, pagada xxxx €, saldo xxxxxx €; (ii) cantidad adeudada derivada de la ejecución del auto de tasación de costas, impagado en su totalidad.

25. Art. 3.2 TRLC, los créditos no han sido adquirido por actos intervivos y a título singular, después de su vencimiento, y dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud.

26. Art. 2.4 TRLC, de todo lo anterior, se alega y justifican los siguientes hechos externos reveladores del estado de insolvencia y que fundan la solicitud: 2º La existencia de dos títulos ejecutivos por los que se ha despachado sendos mandamientos de ejecución o apremio sin que del embargo hubiera resultado bienes libres conocidos bastantes para el pago. 3º La existencia de embargos por ejecuciones en curso que afecten de una manera general al patrimonio del deudor

27. Art. 13.3 TRLC Los medios de prueba de los que se vale el solicitante son los documentos judiciales adjuntos a este escrito.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

FONDO

Se dan por reproducidos como fundamentos de fondo los hechos narrados en cuanto recogen las normas jurídicas que permiten la interposición de esta solicitud de concurso.

PROCESALES
I.- Presupuesto subjetivo

.- Art. 1.1 TRLC, la declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica.
.- Art. 6 LEC, la solicitud se plantea frente a dos personas físicas, con capacidad para ser parte ante los tribunales civiles.

.- Art. 39 TRLC, permite al acreedor solicitar la declaración judicial conjunta de concurso de varios deudores cuando, como en el caso, estos sean cónyuges.

II.- Presupuesto objetivo

.- Art. 2.1 TR LC, procederá la declaración en caso de insolvencia del deudor.
.- Art. 2.4 TRLC, la solicitud de concurso se funda en los hechos externos, reveladores de del estado de insolvencia:

1. Existencia de un título por el cual se haya despachado mandamiento de ejecución o apremio sin que del embargo hubiera resultado bienes libres conocidos bastantes para el pago.
2. Existencia de embargos por ejecuciones en curso que afecten de una manera general al patrimonio del deudor.

III. Legitimación activa y pasiva

.- Art. 3.1 y 2 TRLC: Cualquiera de sus acreedores que no haya adquirido el crédito por actos intervivos y a título singular, después de su vencimiento, dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud.

.- Art. 39 TRLC, permite al acreedor solicitar la declaración judicial conjunta de concurso de varios deudores cuando, como en el caso, estos sean cónyuges.

.- Art. 10 LEC, en cuanto acreedor y deudores son titulares de la relación jurídica litigiosa, la que se recoge en los dos autos de despacho de las ejecuciones instadas.

IV.- Representación y defensa

.- Art.512.1 TRLC: El acreedor legitimado para solicitar la declaración de concurso actúa representado y asistido por el procurador y abogado que firman este escrito.

.- Art. 510 TRLC: Los concursados actuarán representados por procurador y asistidos por letrados.

.- Arts. 23 y 31 LEC, en cuanto a la intervención de procurador y abogado.

V.- Competencia
.- Objetiva: Art. 44.2 TRLC, no siendo los deudores empresarios, la competencia corresponde a los jueces de primera instancia.
.- Territorial: art. 45.1 TRLC, el juez en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales; ciudad de xxxxxxxx (provincia).

VI.- Cuantía
.- La deuda, teniendo en cuenta lo dicho en el párrafo 23, asciende al momento de la interposición de la solicitud a xxxxx €

VII.- Concurso abreviado
.- Art. 522.1 TRLC La tramitación como abreviado dada la falta de complejidad.
SUPLICO AL JUZGADO,
que tenga por presentado este escrito, lo admita y, en su virtud, tenga por solicitado, a instancias de don xxxxxxxxx, y frente a doña xxxxxxxx y don xxxxxxxxxx, concurso de acreedores necesario, me tenga por comparecida y parte en la representación que ostento, y se proceda a la tramitación del concurso de conformidad con lo dispuesto en el “Texto Refundido de la Ley Concursal” aprobado por “Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.
OTROSI DIGO,
de la concordancia del artículo 231 LEC – “El Tribunal y el Secretario Judicial cuidarán de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes”- con lo dispuesto en el artículo 243.3 LOPJ – “El Juzgado o Tribunal cuidará de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes, siempre que en dichos actos se hubiese manifestado la voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la Ley” -, y a los efectos oportunos, esta parte manifiesta su voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la Ley para el presente acto procesal y los futuros.
SUPLICO AL JUZGADO, tenga por realizada la manifestación de voluntad recogida en el otrosí digo anterior, relativa al cumplimiento de los requisitos legales exigidos por la Ley para este acto procesal y los futuros.
En xxxxxxxxx, a xxxxxx, de xxxxx, de 2020

Fdo. Procurador Fdo. Iluminado Prieto Curto

 

Iluminado Prieto Curto
Abogado. Asesor Fiscal
iprieto@ceresnet.com